Una vez, hace siete años, mientras sufría yo las mil y una de las angustias tratando de renovar con apremio unos pasaportes familiares, una jovencita menuda –no creo que pasara de cien libras- emergió como de la nada con el ánimo de un ángel al rescate.
En poco tiempo, con toda la energía de su espíritu servicial, me sacó del atascadero. Y vi la luz al final del túnel. Se trata de Laura, una de muchos servidores anónimos del Estado que asumen la función pública con entrega y compromiso sin buscar canonjías.
Confieso, como Borges, que “el tiempo es un río que me arrebata”, “un tigre que me destroza” y que golpea rudamente mi memoria. Por eso no caí en cuenta al abrir un correo sobre la identidad de alguien que me narraba una penuria con la confianza de quien habla a un amigo en espera de auxilio.
Era Laura en su segunda aparición. Llegó con una narrativa de espanto. Alguien intervino su teléfono móvil. Capturó sus cuentas de redes sociales, su data, convirtió a whatsaap en una casa tomada y se hacía pasar por ella. Un “big brother” malvado suplantó su identidad y la dejó azorada, paranoica, deseosa de huir de sí misma.
La prestadora de servicios telefónico recibió su queja. Como medida transitoria le proveyó otro número. Presa del pánico, pues mucha gente desconocida le chateaba con mensajes extraños, se presentó al Centro de Asistencia al Usuario (CAU) de Indotel.
Con prisa y actitud robótica sólo recibió verbalmente del agente de turno un teléfono de una fiscalía, sin especificar ubicación o contacto, para que ella resolviera su problema. “Llame ahí.” El CAU, que al parecer tiene vocación de CAOS, se la quitó de encima y la arrojó en brazos de una fiscalía virtual e inaccesible, donde nadie nunca levanta el teléfono. Laura está en el momento cero, como en el instante en que supo que su móvil fue invadido. No tiene respuestas.
¡Cuánta orfandad padecen los ciudadanos! ¿Cómo construir una relación de confianza de esa manera con las instituciones púbicas?
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