Por el camino que vamos los partidos políticos se podrían convertir en propiedad privada de sus principales dirigentes, ante la inoperancia tanto de la Junta Central Electoral como del Tribunal Superior Electoral, entidades encargadas de vigilar el financiamiento y funcionamiento de esas estructuras de carácter público.
El silencio es la peor de las enfermedades que puedan sacudir el sistema democrático y en nuestro país esa actitud cómplice de quedarse callado por conveniencia política o económica terminará destruyendo lo que nos queda del sistema que surgió en Grecia hace ya tantos siglos.
Quedarse callado ante lo que pasa con el sistema de partidos es una verdadera desgracia.
Todo este avasallamiento contra las membresías de las agrupaciones partidaria y la población votante tiene un solo apellido, los fondos que se otorgan a los partidos desde la Junta Central Electoral pero que provienen de los impuestos que pagan todos los dominicanos, principalmente los pobres que siempre serán más.
Como es posible que el presidente de un partido aliado al gobierno le envíe una carta a un funcionario diciéndole que necesita ese puesto porque es para nombrar a los compañeros.
Esto por encima de la designación que realizó el Presidente de la República de ese funcionario quien por suerte denuncio el caso, pero del que nadie se hace eco.
Todo esto sin mencionar que los presidentes de la mayoría de los partidos políticos se hacen elaborar estatutos donde ellos son ley, batuta y constitución, de tal manera que de dedo designan dirigentes, los destituyen, expulsan y como si fuera poco al final los familiares de ese líder son los que forman la plana mayor de esa agrupación.
En fin, parece que estamos en las últimas, es decir de la dictadura en el partido podríamos pasar en poco tiempo a la dictadura del poder, porque si dentro de esas agrupaciones que son de carácter público por el origen de sus fondos se forman dictadores, imagínense cuando lleguen al poder.
Los partidos ni rinden información de sus entradas, de sus gastos, pero tampoco la institución que los financia con fondos públicos les reclama nada, es como una alianza tácita que vinculada al poco interés en aprobar la Ley de Régimen Electoral y Partidos Políticos porque los obligaría a rendir algunas informaciones, podríamos finalizar diciendo que es mejor tener un partido político que una empresa industrial o comercial ya que en estas últimas hay que pagar impuestos pero en la política no.
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