Esta es una expresión en la administración pública compuesta por tres palabra y once caracteres que se está convirtiendo en el recipiente de la mayor perversidad, el desafío al principio de autoridad, el boicot, la inacción, la conspiración, el irrespeto, la desarmonía y hasta la parálisis en el servicio.
Su origen es sano; el propósito es noble, emulando las gestiones públicas avanzadas donde prevalece la continuidad del Estado.
Aquí se concibió de manera correcta como un escudo protector contra la arbitrariedad, el abuso de los “jefotes políticos” y el clientelismo, ese ciclón batatero que genera rupturas violentas y hace que todo comience de nuevo en el gobierno cada cuatro años.
Es válida para adecentar, dignificar y profesionalizar la función pública. Pero es creciente su uso como manto para el acomodamiento, las mañas de malos servidores públicos y peores ciudadanos convencidos de que el Estado debe compensarles sin dar nada a cambio y que son merecedores de un salario sin trabajar.
“Ser de carrera” es la excusa de muchos para la petulancia, obstruir la labor del otro, plantarse con posiciones adversas ante su superior, responder con agresividad y actuar de forma medalaganaria. En el Estado hay muchos servidores concientes que asumen su función con decencia y seriedad, pero también existe una cizaña que, creyéndose intocable, considera que nadie la gobierna.
Abundan los testimonios de decisiones paralizadas, proyectos bloqueados, conflictos internos que obstaculizan el flujo de trabajo porque un sujeto “de carrera” cierra la compuerta y no permite que las cosas ocurran, convencido de que ante cualquier proceso en el Ministerio de Administración Pública (MAP) tendrá ganancia de causa.
Quizás ha llegado el momento de revisar críticamente si la ley 41-08 de Función Pública se está aplicando de manera estricta, especialmente en cuanto al principio de estabilidad en los cargos de carrera. Parece que cae en el olvido la condicionante de esa estabilidad “siempre que su desempeño se ajuste a la eficiencia y a los requerimientos éticos y disciplinarios del sistema».
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