El amplio acceso, su abundante flujo y la velocidad de la información –sobre plataformas tecnológicas nunca soñadas– traen consigo una ciudadanía permanentemente actualizada, enterada de los hechos y capacitada para interpretarlos sobre la base del contraste.
Nadie se puede proclamar dueño de la verdad y mucho menos solaparla por mucho tiempo, pues en la era de la información cobra más vigencia aquella máxima bíblica que nos viene de la antiguedad: “No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto ni escondido que no haya de saberse».
Pese a esto, parece que aún quedan muchas personas embriagadas de poder, no enteradas de que los cofres ya son porosos y que el secreto mejor guardado está en las manos de todos, circulando profusamente por las redes.
Tampoco se han convencido de que sus “relacionamientos” con instancias mediáticas no garantizan el suficiente blindaje ni son cobijo permanente para el salvocunducto de sus actuaciones ilegales y opacas.
Robar fondos públicos, violar la ley desde el poder, repartir cononjías, instalar estructuras de nepotismo y convertir la gestión pública en centro de negocios personales, podría contar con una relativa impunidad comprada.
Pero comprar la conciencia colectiva, la confianza, el aprecio público y, en consencuencia, evitar el juicio social, es otra cosa en la que las probabilidades de éxito son cada vez más reducidas en la era de la hipertransparencia.
Estamos palpando cómo potentados políticos –que logran salir ilesos de procesos legales o de pantomimas judiciales a nivel local- son desenmacarados por leyes transnacionales de un mundo interconectado.
No están tras los barrotes purgando penas, pero son reos de sí mismos, permanecen bajo sospecha y –por más explicaciones que quieran dar- la marca indeleble del pecado no se extingue, porque la sociedad los ha condenado.
Hoy, más que nunca, la verdad flota como un corcho. Los gobernantes y los aspirantes a gobernar deben saber que preservar la mejor reputación propia y la del país –con base en un conjunto de mejores prácticas, comportamiento ético y respeto a la ley– es la única forma de sobrevivir como entes políticos.
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