El juez Rafael Ciprián elevará este martes una instancia ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) solicitando la suspensión de su traslado a la Corte Laboral del Distrito Nacional, como lo dispusiera el Consejo del Poder Judicial.
El magistrado Ciprián, quien es miembro de la Primera Sala del TSA, informó que irá a las 11:00 de la mañana a la sede de la corte para presentar la acción pidiendo medida cautelar, a los fines de que se suspenda el traslado antes del 5 de enero, cuando entra en vigor.
El TSA decidiría, según lo informado por el magistrado, sobre “la ejecución del Acto Administrativo Sancionador, dictado por el Consejo del Poder Judicial, mediante el cual dispone su traslado para la Corte Laboral del Distrito Nacional, que se haría efectivo el 5 de enero de 2016”.
Dice fundamentar su petición en lo establecido en el párrafo VI, del artículo 7, de la Ley 13-07, sobre Traspaso de Competencias y Transición hacia el Control Jurisdiccional de los Actos de la Administración Pública, que dice: “Carácter suspensivo actos sancionadores. La solicitud de adopción de una medida cautelar en relación a un acto administrativo sancionador tendrá carácter suspensivo mientras se conoce y estatuye en relación a la petición”.
La suspensión mediante la medida cautelar tendría efecto hasta tanto el Consejo del Poder Judicial decida sobre un recurso de reconsideración de su traslado presentada por Ciprián ante este mismo organismo.
El magistrado Ciprián sostiene que la decisión del Consejo disponiendo su traslado viola la Constitución de la República en sus artículos 38, 151 y 69.10, “sobre la dignidad humana, la independencia del juez y el debido proceso administrativo”.
Indicó que viola además, la Ley de Carrera Judicial 327-08, en varios artículos, especialmente en el párrafo del artículo 18, que estable la obligación de contar con la «anuencia previa» del juez que será trasladado.
Señala, que sin embargo, él “no fue consultado, ni dio su anuncia, ni su consentimiento, ni desea esa nueva posición”.
Subraya que él “es una persona, no una cosa u objeto dentro del Poder Judicial, para que se disponga de él en franca violación del sistema jurídico”.
Ciprián considera su traslado como degradante y denigrante, “porque le degrada el alcance e importancia jurisdiccional del Tribunal y se hace en un momento inoportuno, debido a que se han hecho fuertes críticas de irregularidades en el TSA, y con su traslado se le afecta en su honra, fama, estima pública, personal y familiar. Además, de que no tiene relación alguna con las denunciadas irregularidades”.
“Viola sin remedio el Estatuto del Juez Iberoamericano, en su artículo 16, que consagra la inamovilidad de los jueces y la prohibición del traslado sin su consentimiento previo”, agrega.
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